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Acceso a la Justicia y Estado de Derecho: Una visión desde el combate de la pobreza

 

 

 

 

 

En el  mundo actual  lo complejo de los flujos financieros, de bienes, de servicios así como el impacto permanente de la información, ponen en evidencia que la seguridad jurídica de una persona, una corporación, una comunidad o una nación, no puede verse en forma aislada pues no solo son interdependientes sino que, además, a menudo dependen de decisiones que otros actores, de intereses muy diversos, toman de manera inconsulta y producen efectos caóticos en las distintas regiones del mundo. Entonces decimos que hay injusticia.

 

 

A la par de la  liberalización económica de los últimos decenios y de los procesos democráticos se han abierto nuevas oportunidades y espacios, pero también ha habido una mayor polarización en los distintos sectores de la sociedad. El debate público se centra hoy en nuevas inseguridades como la desestabilización política y económica y los conflictos internos en el seno de los Estados, el terrorismo, las drogas, la proliferación de armas y nuevas modalidades y manifestaciones de la violencia y enfermedades como el VIH/SIDA que no respetan fronteras afectando, principalmente, a los más débiles y necesitados.  La pobreza extrema y el aumento de la brecha entre las personas ricas y las más pobres conduce a una permanente violación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Decimos entonces, que hay injusticia.

 

Si la justicia es uno de los valores más altos a que aspira el ser humano, la constante violación a sus derechos fundamentales, se convierte en una bofetada permanente a lo que el ciudadano común espera de la democracia. Después de una exitosa y esperanzadora transición, en la mayoría de nuestros países se habla hoy del desencanto con esta forma de gobierno y con las instituciones que son su razón de ser. Este desencanto se convierte en diversas amenazas que se ciernen sobre nuestros sistemas políticos y que son derivadas de viejos males sin resolver y de nuevas condiciones que el  mundo actual impone.

 

Tenemos la vergonzosa posición de ser el continente con la mayor brecha entre ricos y pobres y en amplias regiones, la miseria aumenta día con día. La inseguridad que se vive en nuestras ciudades y campos es recibida por los ciudadanos como uno de los problemas más agobiantes que afrontamos.

 

Por ello, hablar de justicia, Estado de Derecho y derechos humanos, no debe ser un debate reservado a foros doctrinarios y filosóficos, sino que debe pasar por un tamiz pragmático para traducir la justicia como valor a justicia como realidad. Creemos que esa es la dimensión más realista y ello se puede lograr por medio de lo que conocemos como “acceso a la justicia”. Precisamente, las perspectivas  de reforma y modernización de la Administración de Justicia en nuestra América resultan fundamentales para que el ciudadano recupere la fe en la justicia, concepto que cada vez lo percibe más distante y abstracto, prácticamente inalcanzable. La responsabilidad de ello, ha sido en buena medida, por la ineficacia e ineficiencia del principal instrumento para la realización de la justicia: el sistema judicial, que debe perfilarse como eje central de la democracia. Obtener seguridad jurídica como corolario de la solución de un conflicto social de cualquier naturaleza, incluyendo la resolución de una petición cualquiera del habitante, es un propósito esencial de la naturaleza humana y por ello se presenta como “valor fundante”, es decir el valor que establece las condiciones básicas para hacer posible el cumplimiento del valor superior que es la justicia.  Pero no hay justicia sin realización de derechos humanos y no hay respeto a los derechos humanos si no hay un marco referencial de Estado de Derecho.

 

Sin embargo en situaciones anárquicas de caos social ante el no saber a qué  atenerse, el ser humano tiende a sacrificar la justicia para alcanzar una seguridad que percibe como prioritaria para el orden social.  Esta antinomia se presenta en distintos momentos de la historia y por ello es preciso tener siempre en mente que el orden absoluto se convierte en tiranía, y que por esta razón nunca  debemos olvidar que la justicia, representada por la vigencia y el respeto a los derechos humanos, debe prevalecer ante cualquier crisis o circunstancia. Observamos hoy como un peligro inminente en nuestra región, cómo las instituciones democráticas, todavía en proceso de fortalecimiento, sufren retrocesos y tropiezos, lo que se yergue como la principal amenaza para el Estado de Derecho, la democracia y su corolario, la justicia como valor y vivencia cotidiana.

 

El binomio justicia-Estado de Derecho, no es casual; son elementos intrínsecos, indisolubles. De hecho, la justicia es el valor último que alimenta las distintas manifestaciones de todos los derechos humanos y la manera de garantizarlos es por medio de un marco institucional objetivo que se materializa mediante principios que informan la independencia, autonomía y la legalidad de los actos del Estado. 

 

Que todas las personas podamos tener un proyecto de vida digna es que haya justicia; tener garantizado el acceso a la educación, la salud, una vivienda digna, es vivir en una sociedad justa; que se respeten los derechos humanos a todos los habitantes sin ningún tipo de discriminación, es justicia; garantizar la seguridad ciudadana a todas las personas dentro de un balance entre prevención del delito, respeto de los derechos de las víctimas y garantías de los derechos humanos de los procesados por delitos, es justicia; que a las personas que forman parte de colectivos en situación especial como indígenas y afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con habilidades diversas, adultos mayores, se les brinde oportunidades adicionales por efecto de “acciones afirmativas”, es quizás, la máxima expresión solidaria de la justicia: La justicia equitativa.

 

Creemos firmemente, que el acceso a la justicia y su enfoque de justicia equitativa, son baluartes para que el desarrollo no sea sinónimo de mero crecimiento, sino de una verdadera idea de desarrollo humano sostenible, donde los operadores de justicia deben tener no solo vocación de justicia, sino una formación integral para que sus resoluciones, sin caer en fallos políticos, brinden verdaderas soluciones de los conflictos a resolver utilizando los derechos humanos como eje transversal para lograr las mejores decisiones con certeza jurídica, donde las reglas estén claras y el bien común no sea una suerte de desiderátum filosófico, sino una realidad de convergencia de derechos e intereses de todos los actores en una sociedad democrática en el marco de un Estado de Derecho.

 

*Abogado costarricense. Miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ex Presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas